El horror entrecorta la voz de Roxana, una joven de 19 años que prefiere mantener el anonimato por haber sufrido, cuando todavía era una adolescente, una forma de esclavitud moderna: la explotación sexual. Ese horror empezó hace cuatro años, cuando acabó bajo custodia del sistema de protección de menores en un centro de Iasi —la tercera ciudad más poblada de Rumania—, porque su madre era incapaz de hacerse cargo de ella. En ese momento, recalca, empezó su “calvario”. Muchas chicas de familias desestructuradas terminan en un sistema público que, se supone, debe protegerlas. Sin embargo, se convierten en presas fáciles para los traficantes de personas. Las agresiones comienzan en los mismos orfanatos en los que se encuentran: en ocasiones, son apaleadas y sedadas por aquellos que deben cuidarlas. “Los educadores nos pegaban, nos insultaban y nos forzaban a tomar pastillas como si fuéramos animales”, relata Roxana, que se acuerda con lagunas, por los efectos de la medicación, de la mayoría de las humillaciones a las que la sometían.
En los informes de la Comisión Europea y Europol desde hace más de una década, Rumania se sitúa en el top de todas las variables en las estadísticas, es uno de los países que registra mayor número de víctimas de trata, por ejemplo, y también son las mujeres rumanas las que suponen el mayor número de víctimas en proporción al tamaño de la población, una por cada 16.781; seguida de Bulgaria (una de cada 25.316 habitantes), y Hungría (una de cada 59.242 habitantes). Muchas no se quedan en el país, y España es uno de los grandes destinos: la ONG Reaching Out Romania, que ha ayudado a más de 1.200 niñas, el 70% de ellas procedentes de orfanatos, asegura que es el país al que más menores van, seguido de Italia y Suiza, aunque ahora la tendencia se está inclinando a los países nórdicos.
Roxana cree que la ausencia de los padres y la falta de cuidado y empatía de quienes trabajan en esos centros están relacionadas con que “muchas menores acaben reclutadas y sean víctimas de trata en el extranjero”, en países como España. Según el último informe de Interior, publicado este lunes y con datos de 2023, solo el pasado año, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a 664 víctimas de explotación sexual y de redes de trata con este fin: 637 mujeres, 12 niñas y 15 hombres. Y durante las inspecciones que hicieron en aquellos lugares donde se da la prostitución, identificaron a a 7.049 personas mientras la ejercían. Son lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles denomina “personas en riesgo” y fueron, en su inmensa mayoría, mujeres, la mayor parte colombianas (1.605), españolas (1.263) y rumanas (890), entre los 33 y los 37 años.
No se conoce, sin embargo, el número exacto de mujeres que hay actualmente en estas redes, aunque desde instituciones como Interior ha habido cálculos que llegan a las 45.000 mujeres explotadas sexualmente solo en España. La ONU y la Unión Europea estiman que el 80% de las víctimas de trata detectadas en Europa son mujeres y niñas, y de ellas, el 95% son víctimas de explotación sexual a las que, cuenta Roxana, las suelen captar mediante el método lover boy: hacer que se enamoren de un chico con el objetivo de crear dependencia hacia él.
“Se te acercaban hombres con coches de lujo como BMW o Mercedes, incluso algún Ferrari, y te preguntaban si querías dar una vuelta, te prometían que te harían un book de modelo en otro país; pero en realidad nunca te traían de vuelta al centro”, explica ella. El caso de esta joven —madre de un niño de dos años y medio y de otra niña de cinco meses—, fue distinto.
Al mes de entrar en el orfanato, unos individuos la introdujeron violentamente en un coche sin su consentimiento, en pleno día, cuando se dirigía al instituto. “Me raptaron con apenas 15 años y me encerraron en un lugar oculto que aún desconozco, durante cuatro meses, para prostituirme”. Durante ese tiempo no volvió a ver la luz del sol hasta que logró escapar. “Me traían a todo tipo de hombres, incluso 30 personas de golpe, uno tras otro o varios al mismo tiempo, sin descanso; me violaban y me pegaban casi en continuo, y apenas me daban un tazón de arroz y un vaso de agua cada tres días”, detalla. Su única manera de defenderse era morder a quien se acercaba.
Dos días antes de huir, pensó que iba a morir. “Un hombre me comentó que no viviría mucho, así que dejó la puerta abierta y gritó ‘vete, chica’; salí corriendo lo más rápido posible”, recuerda Roxana, que se encontró hace tres semanas con varios de los traficantes que la raptaron en una gasolinera. “Me escondí hasta que se largaron un buen rato después”. Solo dos de ellos terminaron en prisión, liberados no mucho después por buena conducta. Roxana regresó al centro de menores, un lugar que pide que se cierre para que otras chicas no pasen por lo que pasó ella. Ahora, busca un trabajo estable para recuperar a sus dos hijos, que están bajo la protección de los servicios sociales.
La dirección de su centro rechaza las acusaciones de que exista cualquier tipo de reclutamiento por parte de los traficantes y argumenta que se trata solo de escenarios fabricados para desacreditar al sistema público de protección. Pero, “desgraciadamente, esta situación no es singular”, explica Visinel Balan, activista por los derechos de los niños abandonados y exsubsecretario de Estado sobre Tráfico de Personas. Indica que “la práctica de la prostitución en el sistema está en una cota alarmante”.
Infancia mutilada
“Los traficantes son conscientes del trauma de apego que padecen las niñas; les mandan fotos y les generan la ilusión de que están enamorados”, explica Mirela Bornagel, terapeuta de un centro de urgencia de menores de Bucarest desde 2016. La despidieron en julio del año pasado por denunciar numerosas negligencias. Hace un mes recuperó su puesto tras ganar el juicio por despido improcedente.
Bornagel denunció también la desaparición de dos niñas de 12 y 14 años, después de que la mayor fuera reclutada mediante ese método, el lover boy. A las dos las agasajaron durante dos semanas. Luego, empezaron a aprovecharse físicamente. “Las vendieron a cinco hombres, que llegaron a pagar hasta 500 euros cada uno”, explica la terapeuta, que inició la búsqueda de las chicas por su cuenta: “Me pareció grotesco que dos niñas de tan corta edad desaparecieran y un mes después no fueran encontradas”.
A través de Facebook, las localizó un mes y medio después y avisó a la policía. Los agentes le contestaron que las chicas no querían irse de la vivienda donde estaban siendo explotadas sexualmente. “¿Cómo se puede dejar a dos menores en manos de personas desconocidas?”, pregunta. Y eso la hizo sospechar que estas redes tienen un acuerdo tácito con algunos agentes. Al final, acudió a Visinel Balan, el exsubsecretario de Estado sobre Tráfico de Personas. Y él se encargó de comunicar al Ministerio de Familia lo que ocurría. Dos días después fueron rescatadas de sus opresores. “No hay personas competentes para luchar contra esta lacra, muy común porque apenas existe información sobre tráfico de personas”, se queja Bornagel.
La Agencia Nacional contra el Tráfico de Personas (ANITP) de Rumania identificó 451 víctimas en 2023 —casi la mitad que hace diez años—, de las que 60 provenían de centros de menores. Pero esta cifra no refleja la realidad, advierte Larisa Butnariu, una activista contra la trata cuya madre adoptiva la vendió a un traficante con quien fue obligada a casarse y aún no ha podido divorciarse.
“Es incomprensible que las autoridades rumanas contabilicen solo cientos de víctimas, mientras que el resto de países de la Unión Europea suma unas 3.000 jóvenes procedentes solo de Rumania. Solo hay una explicación: maquillan los datos para que nos dejen entrar en el espacio Schengen”, opina Butnariu. Incide en que el Estado no tiene una estrategia coherente para combatir este fenómeno.
El Ministerio de Familia reconoció el pasado verano que este problema estructural continúa creciendo en el país. Como última novedad, alertó, los traficantes están usando TikTok para captar a sus víctimas. La ANITP, que ha lanzado una extensa campaña de información en Internet, asegura que la existencia de la trata está estrechamente relacionada con la creciente demanda de los consumidores y que Rumania tiene una de las legislaciones europeas más duras contra los traficantes.
Por este motivo, muchos recurren al matrimonio con sus víctimas porque saben que llevarlos ante la justicia puede ser más difícil cuando se trata de cónyuges. La Unión Europea, consciente de esta situación, llevaba varios años intentando que el matrimonio forzado se tipificase como trata; el pasado enero, la Eurocámara y el Consejo de la UE (los Estados) alcanzaron un acuerdo provisional para incluir el matrimonio forzado, además de los vientres de alquiler y la adopción ilegal, como nuevos tipos penales en la directiva europea para prevenir y combatir la trata de personas.
Estigmatizadas
Hace dos décadas, Iana Matei vivió algo que la impactó: tres niñas en una comisaría rumana fueron catalogadas como “prostitutas que declaran contra sus traficantes”. Pensó que podría salvarlas y fundó la Reaching Out Romania. “Ahora las redes mafiosas reclutan a una edad más temprana, desde los nueve o diez años”, explica la psicóloga. “Son las más vulnerables, nunca habían oído que alguien les diga que las quiere. Son abandonadas en centros, o los padres se marchan varias veces al año a trabajar al extranjero”, agrega.
Desde su organización, lamenta que las menores están estigmatizadas: “Muchos jueces acusan a las víctimas de no darse cuenta de con quien tratan cuando hablan con las personas que las reclutan, y no aprecian que las niñas no saben discernir entre un comportamiento normal y otro que no lo es”. Cuando las jóvenes se percatan de que se han equivocado, prefieren mantenerse calladas y no piden ayuda. “Rumania tiene una sociedad patriarcal y todo el mundo tiene la tendencia de acusar a las chicas, de modo que les da vergüenza contar su historia porque sienten que lo que les ha sucedido es su culpa”, abunda.
En su centro, el único del país que ayuda a menores víctimas de trata, se encuentra una niña de 14 años que cayó en la red de un traficante mediante el asistente social de su orfanato. El empleado fotografiaba a las chicas al aire libre y luego subía las imágenes a las redes sociales, donde los traficantes las elegían. El trabajador arreglaba el encuentro.
“Estaba organizado de tal manera que en el momento en el que la niña entró en contacto con ese miembro de la red, se le presentó otra chica que le dijo cómo debía posar ante la cámara para que las fotos se colgaran en páginas webs para adultos”, relata Matei. También, cuenta, la hacían trabajar pasando droga: “Los clientes le pedían drogas y la forzaban a tomarlas; la amenazaban diciéndole que si iba a la policía a delatar lo que habían hecho, ella también habría cometido un delito y que iría a la cárcel”. Matei insiste en que se deben implementar más instrumentos para protegerlas, “para que se escuchen sus voces, y porque son testigos en procesos contra grupos criminales”.
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