¿Última oportunidad para salvar una de las leyes de biodiversidad más importantes y, a la par, más politizadas de Europa? Los ministros de Medio Ambiente de 11 países de la UE, incluida España, han escrito a sus colegas comunitarios presionando para lograr de una vez la aprobación definitiva de la ley de restauración de la naturaleza (LRN), para lo que quieren que esta sea sometida a voto en el próximo 17 de junio.

“Estimado ministro, le invitamos a unirse a nosotros para aprobar la LRN en el próximo Consejo de Medio Ambiente, el 17 de junio (…) debemos actuar de manera urgente y decisiva para concluir el proceso político”, subraya la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tras superar a duras penas los intentos del Partido Popular Europeo (PPE) por tumbarla en la Eurocámara, la normativa, que busca restaurar para 2030 el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE, donde el 81% de los hábitats terrestres y acuíferos están en mal estado, sigue en el limbo a falta de la ratificación final de los Estados miembros. Varios han dado marcha atrás en su compromiso inicial —el texto de la norma está pactado desde noviembre con el Parlamento Europeo, que dio su visto bueno final en febrero— por miedo a un castigo en las urnas, sobre todo tras las duras protestas del campo de comienzos de año, que han tenido en su mira el Pacto Verde europeo del que la LRN se ha convertido en un símbolo.

La carta está firmada por los ministros de Medio Ambiente de Irlanda, Alemania, Francia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Lituania, Dinamarca, Eslovenia, Chipre y, en el caso de España, por Teresa Ribera. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera fue clave para impulsar la normativa y negociar un difícil acuerdo político sobre la misma entre Estados y Eurocámara durante la presidencia española de turno del Consejo de la UE el pasado semestre. Ahora no oculta su deseo de aspirar a un puesto en la Comisión Europea que se configurará tras las elecciones a la Eurocámara de junio, para las que es cabeza de lista del PSOE.

“No tiene ningún sentido que alguien defienda dejar morir el medio ambiente y no restaurar los ecosistemas”, señala Ribera a este diario. “En particular, el sector primario es especialmente sensible a la conservación del entorno y sufre en primera línea los efectos del cambio climático. Este proceso de negociación ha sido muy complejo y enormemente trabajado, merece salir adelante ahora porque no nos podemos permitir una pausa en la agenda climática. Los efectos del cambio climático son devastadores, no podemos mirar hacia otro lado”, subraya la española.

Para ser ratificada, la LRN requiere una mayoría cualificada, es decir, el 55% de los Estados miembros debe votar a favor y los Estados miembros favorables a la propuesta deben representar al menos el 65% de la población total de la UE. Países como Polonia o Finlandia han endurecido sus posturas y, de una inicial abstención (que, de todos modos, en este proceso se cuenta como un no), han pasado a posicionarse en contra, junto con países como Suecia, Italia o Países Bajos. Bélgica y Austria también han decidido abstenerse, mientras Hungría tampoco se decide a apoyarla.

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La esperanza es que alguno de los países reticentes o abstencionistas pueda todavía cambiar de bando —algo que hasta ahora no ha sucedido— e inclinar la balanza hacia el sí. Hay amplio consenso en que la de junio es una última oportunidad porque, si fracasa ahora el voto, será muchísimo más difícil, por no decir imposible, conseguir una ley similar en la próxima legislatura, sobre todo si se confirman los pronósticos y la extrema derecha, que ha prometido acabar con el Pacto Verde, avanza en el Parlamento Europeo tras las elecciones de junio.

Una de las claves para desbloquear la situación a tiempo es la fecha elegida para la difícil votación final: los signatarios proponen el 17 de junio, todavía bajo la presidencia europea belga (en julio toma la batuta la Hungría de Viktor Orbán, del que se esperan pocos compromisos, menos aún en medio ambiente), pero después de las elecciones europeas del 6 al 9 de ese mes.

La LRN se ha convertido en un símbolo del Pacto Verde europeo contra el que se han centrado buena parte de las protestas agrícolas que están intentando capitalizar las fuerzas más ultras, lo que ha llevado a países como Polonia, en manos ahora del conservador Donald Tusk, a dar marcha atrás y maniobrar entre bastidores para intentar que no salga adelante, temerosos de que su apoyo les quite votos en junio. En similar situación está Bélgica, que a la par de las elecciones europeas celebrará las propias nacionales y donde las protestas del campo han sido especialmente duras en la región de Flandes, donde también se prevé un refuerzo de la ultraderecha. A pesar de que como presidenta de turno Bélgica está obligada a actuar como un árbitro honesto en las negociaciones, el Gobierno de Alexander De Croo, que ya hace un año habló de una “pausa” regulatoria en materia medioambiental, ha sido acusado de hacer lobby entre los demás Estados para hacer fracasar la ley de biodiversidad, algo que ha negado públicamente el liberal que aspira a una difícil reelección en junio. En cualquier caso, pasados los comicios de junio, tanto Polonia como Bélgica podrían tener algo más de margen de maniobra para cambiar de postura.

Fuentes diplomáticas subrayan que la fecha aún no ha sido fijada y que, hasta el momento, sencillamente se sigue sin los votos suficientes para evitar que descarrile del todo. No descartan sin embargo la fecha propuesta y coinciden que, para entonces, la presión en algunas capitales podría ser menor, lo que facilitaría un cambio a favor de la ley.

En su misiva, los ministros de los países que respaldan la aprobación de la ley recuerdan la importancia de dar este paso para “estar a la altura del compromiso que hicimos todos de ser un líder global en la restauración de la naturaleza”.

Promesas y ejemplos aparte, los altos responsables recuerdan también la importancia de restaurar la biodiversidad en un continente como Europa, “el que más rápidamente se calienta y está afrontando impactos sin precedentes de las entrelazadas crisis naturales y climáticas”. Una ley como la LRN es fundamental para “mitigar y adaptarnos a los impactos del cambio climático, así como para salvaguardar la seguridad alimentaria europea”, agregan, refutando directamente uno de los argumentos que usó el Partido Popular Europeo para intentar tumbar la ley cuando, hace un año, empezaron a aflorar las primeras protestas de agricultores y ganaderos que se tradujeron en victorias electorales inesperadas en elecciones regionales como las celebradas en Países Bajos.

Los ministros también recuerdan que no se trata solo de una cuestión medioambiental, también está en juego la credibilidad del proceso de decisión europeo. “La continuada ausencia de una mayoría cualificada para este acuerdo provisional tan cuidadosamente negociado es muy preocupante”, señalan al respecto. “Una marcha atrás de este tipo en un compromiso previamente acordado, resultado de largos meses de negociaciones, pone en peligro a nuestras instituciones democráticas y pone en duda el proceso político de la UE”, advierten. “Como Estados miembros y como ministros, es nuestra responsabilidad ser constructivos y trabajar hacia soluciones conjuntas en interés de los ciudadanos europeos. Como Consejo, también tenemos que actuar como un colegislador fiable y fidedigno, en un espíritu de cooperación sincera entre instituciones europeas”, recuerdan.

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