Xavi tenía 10 años. Noa, siete. El lunes 8 de enero, su padre, Francisco B., precintó los conductos de entrada y salida de aire y abrió la llave del gas. Los Mossos encontraron los tres cadáveres en ese piso del barrio de Horta, en la zona alta de Barcelona. El domingo 17 marzo, Cristian Iona envenenó con un pesticida a Larisa y Elisa, sus hijas, en un cortijo en mitad de la nada, en la pedanía de Las Alcubillas, muy cerca del desierto de Tabernas, en Almería. Larisa tenía cuatro, Elisa había cumplido dos. Iona se suicidó después. El miércoles, 3 de abril, Álex B.G. apuñaló a su hijo de cinco años, cuatro cuchilladas en la zona del corazón, e hizo lo mismo con Astrid, su pareja, hasta 20 veces, en la casa en la que convivían hasta hacía unos días en Bellcaire d’Empordà, en Girona. Huyó de allí convencido de que la había asesinado, pero Astrid sobrevivió, y él está en prisión provisional desde ese mismo día. La noche anterior, Roberto D. asesinó a Vanesa, su pareja, a su hijo y a su hija, dos mellizos de ocho años, y después se suicidó en la estación de tren de El Prat de Llobregat.

Cuatro padres han asesinado a sus hijas e hijos desde que comenzó enero y esos crímenes convierten al inicio de 2024 en el periodo más corto con más asesinatos de menores por violencia machista desde que hay registro, en 2013. Desde entonces, son ya 57. Y son nueve las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año, 1.249 en el cómputo total, que se inició en 2003.

A por qué ocurre esto, ninguna experta puede ―ni quiere― responder. Porque no hay una respuesta única y porque falta diagnóstico, en eso sí coinciden juristas, abogadas, psicólogas y otras especialistas. También el Ministerio de Igualdad, que convocó la tarde del miércoles una reunión de urgencia ante este pico de casos. “Estamos trabajando en distintas direcciones: por supuesto en un diagnóstico, porque es posible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, es decir, generando esa violencia hacia los menores”, dijo Ana Redondo, la ministra, en declaraciones a los medios en el Congreso. Y adelantó que van a “reforzar” las medidas que pueden tomarse desde su área, y la coordinación tanto con otros ministerios como con autonomías y entidades locales.

Ese análisis de lo que sucede es algo a lo que todas las instituciones se remiten. Cada caso, con las cuestiones estructurales comunes propias de la violencia machista, es, sin embargo, distinto: difieren edades, situaciones económicas, sociales, culturales e incluso policiales o penales.

Entre los siete asesinatos que ya registra este año, en el caso de Bellcaire no existían denuncias previas por violencia de género, como tampoco en el de El Prat de Llobregat ni en el de enero, en Barcelona; sí había denuncia de Alina Florentina contra Cristian Iona, el juicio por violencia machista iba a ser justamente el miércoles, pero, incluso con esa denuncia y un proceso pendiente, Iona tenía autorizado un régimen de visitas. Había parejas que convivían, parejas que se estaban separando, que se acababan de separar o que estaban pensando en hacerlo. Había una red familiar alrededor y podía no haberla. Había situaciones de adicción a drogas, alcohol, cuestiones de salud mental o problemas económicos.

Ninguna de ellas son determinantes ni causales directas de la violencia: son factores de riesgo y pueden convertirse en disparadores de la violencia, pero, sobre todo, importan a la hora de establecer un diagnóstico y algo en lo que todas las especialistas insisten: la prevención.

“Necesitamos estudios multidisciplinares en el que entren antropólogos, juristas, sociólogos, psicólogos… Necesitamos un diagnóstico claro para saber qué razones llevan a estos individuos a asesinar a sus hijos, a la madre y a suicidarse”, dice Teresa Peramato, la fiscal de sala de violencia sobre la mujer. No solo para entenderlo, sino porque de esa comprensión vendrán “políticas públicas en el ámbito de la prevención, la educación, políticas que se ajusten a la realidad”, porque la Justicia, añade, “interviene cuando ya ha sucedido, y si el agresor no se suicida, la ley caerá sobre él, pero lo que ya ha ocurrido, el asesinato de esos niños y niñas, ya no puede cambiarse, no hay vuelta atrás”.

Entre esas modificaciones, Peramato cree que hay que abrir el debate sobre los mutuos acuerdos que siguen dándose entre madres y padres en contextos de violencia machista, como ocurrió en el caso del asesinato de Larisa y Elisa en Almería. “La fiscalía pidió que no se acordaran visitas, orden de alejamiento y la disposición de pulsera, pero en el acuerdo civil, se mantuvo ese régimen de visitas hasta el final”, recuerda la fiscal.

Esa situación, que dos juzgados intervengan, el civil para las cuestiones de familia y el de la mujer para las cuestiones penales, tiene que ver en las grietas que se crean en el sistema y por las que acaba filtrándose la violencia. Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos y de la Infancia y la Adolescencia, alude a esa grieta como “fundamental” y también a la “carencia en perspectiva de infancia que todavía existe en muchos de esos juzgados”, es decir, la visión de niños y niñas como una especie de entes dependientes de madres y padres y no como “sujetos de derechos”.

Recuerda, además, que en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, en vigor desde 2021, “uno de los compromisos es esa coordinación entre los distintos órganos, establecer mecanismos para la comprobación de los procedimientos entre juzgados”. Con ese contexto judicial de alguna forma duplicado, Peramato explica que el mutuo acuerdo da pocas posibilidades a la fiscalía para oponerse, porque “esa oposición ha de hacerse con argumentos, y si tienes una ley que dice que hay casos en los que se puede acordar, los progenitores acuerdan y tú no tienes pruebas para articular tu oposición, es muy complicado poder hacerlo”.

Por eso se decanta por abrir la posibilidad de repensar si el mutuo acuerdo “es un recurso procesal adecuado, si cabe la mediación cuando existe un desequilibrio absoluto, como sucede en las relaciones en las que se da la violencia de género, en las que las mujeres están en una absoluta desventaja. Hablar sobre si es posible reformar la ley o si hay que establecer un espacio probatorio”, es decir, que la fiscalía recabe pruebas para que, dado el caso, pueda oponerse con ellas a ese mutuo acuerdo. “Escuchando siempre a las mujeres y teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”, matiza.

Pero todo eso es para antes. Antes de que haya padres que deciden asesinar a sus hijas, a sus hijos. ¿Y después? “Más bien ‘todavía’, porque hay cosas que aún no pasan, que no se han implantado”, apunta Assiego. Enumera varias de ellas: “Las modificaciones para hacer obligatorias las formaciones en perspectiva de infancia en la Justicia, por ejemplo. O la encuesta anual que debía hacer el CIS para medir la opinión de la población sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y también sobre la utilidad de las medidas que estableció la ley, que permitiera ver cómo la percibe la sociedad y qué medidas se pueden tomar desde las instituciones”.

Habla también de “la comisión de seguimiento entre Interior, Derechos Sociales y Justicia porque, se suponía, esta era una ley viva y había que ir viendo qué funcionaba y qué no”, y de “las unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia que deberían haberse creado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

De estas últimas ya está activa la de Canarias, y País Vasco la incluyó en su Ley de Infancia y Adolescencia en vigor desde hace apenas dos meses, pero no es algo homogéneo. Como ocurre con casi todas las medidas de todas las leyes, su despliegue tiene que ver en gran medida con el desarrollo que se haga no solo desde los ministerios, sino desde las propias autonomías.

Gabinetes de feminicidios

En Cataluña, por ejemplo, donde han ocurrido cinco de los siete asesinatos en lo que va de 2024, hay cuestiones avanzadas respecto al resto del territorio. Allí los gabinetes de feminicidios se activan desde hace más de una década; su ley de violencia sobre la mujer de 2008 ya abarcó la violencia machista más allá de la pareja o expareja, y en 2020 una modificación de esa ley incluyó el concepto de feminicidio y de violencia vicaria; se recaban datos de los asesinatos de menores desde 2012, un año antes de la estadística nacional, y desde 2017 se contabilizan todas las formas de feminicidios, no solo los que se producen en el ámbito de las relaciones.sí. Y

Ese repaso lo hace Laia Rosich, la directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas del departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, que cuenta que además del “gabinete de crisis que se activa frente a un asesinato machista, y que es muy cercano a la población” —equipos de psicólogas y otras especialistas se desplazan a las localidades para atender a familias y entornos, tanto sociales como educativos—, van a formar “una mesa de expertas en violencia machista, vicaria”, porque necesitan “profundizar en lo que está ocurriendo”.

Cuenta que “ha habido un proceso histórico” por el que la perspectiva ha cambiado: “Hace 20 años, parecía que los niños y las niñas no formaban parte de la violencia machista, y que esta era solo sobre la madre. Costó años que se los considerara víctimas directas”. Y ahora, asegura, “es necesario un paso más para saber qué pasa, qué herramientas hacen falta, cómo hacer que deje de ocurrir”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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