Una investigación reveló el desvío de recursos públicos destinados originalmente al fomento del emprendimiento, mediante un esquema de corrupción que involucra a funcionarios, políticos y empresas fantasma. El dinero, que debía apoyar a microempresarios y emprendedores en situación de vulnerabilidad, terminó en cuentas privadas, sin que se cumplieran los objetivos establecidos en los programas sociales.
El mecanismo de desvío funcionaba a través de convenios entre instituciones del gobierno y organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y asociaciones civiles que supuestamente canalizarían los fondos hacia beneficiarios reales. Sin embargo, muchas de estas entidades eran fachadas utilizadas para justificar gastos inexistentes, inflar presupuestos y emitir facturas por servicios nunca prestados.
Los documentos revisados señalan que una parte significativa del presupuesto asignado al programa fue triangulada hacia cuentas bancarias relacionadas con operadores políticos y empresas sin actividad comercial legítima. Las operaciones se realizaban bajo la apariencia de apoyo técnico, capacitación, compra de insumos o entrega de fondos semilla, pero en la mayoría de los casos no hubo seguimiento ni resultados comprobables.
En varios casos, las auditorías internas e informes de la entidad encargada de ejecutar el programa detectaron irregularidades, como la falta de comprobantes, pagos por duplicado, proyectos inexistentes y beneficiarios que nunca recibieron los recursos. A pesar de ello, las observaciones fueron ignoradas o justificadas por funcionarios de alto nivel, quienes dieron por válidos los expedientes y permitieron la continuidad de los convenios con las organizaciones implicadas.
El patrón se repitió durante varios ejercicios fiscales, con un flujo constante de recursos desviados bajo distintas modalidades. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la asignación directa de millones de lempiras a entidades que no cumplían con los requisitos legales o que habían sido constituidas poco antes de firmar los convenios. En algunos casos, se detectó la utilización de nombres de personas fallecidas como presuntos beneficiarios.
Además, varios de los contratos fueron adjudicados sin licitación pública, aprovechando vacíos legales y decretos de emergencia que permitían procedimientos abreviados. Esto facilitó que las decisiones se tomaran de forma discrecional, sin control ciudadano ni rendición de cuentas efectiva.
Las relaciones entre los líderes de las asociaciones favorecidas y los políticos influyentes indican un sistema de clientelismo político oculto bajo la apariencia de políticas sociales. Los fondos se empleaban no solo para obtener ganancias ilegales, sino también para crear redes de poder local y promover la actividad electoral, lo que agrava el deterioro institucional.
Mientras tanto, los emprendedores reales, quienes debían ser el motor del desarrollo local y la recuperación económica, fueron abandonados. Muchos relatan que realizaron solicitudes, presentaron proyectos e incluso asistieron a capacitaciones, pero nunca recibieron el capital prometido. Otros aseguran que se les pidió firmar documentos para justificar entregas que jamás ocurrieron.
El caso ha generado una fuerte indignación entre diversos sectores sociales, que exigen una investigación profunda, el deslinde de responsabilidades y la recuperación de los fondos públicos. También ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar los mecanismos de supervisión y control del gasto social, así como de garantizar mayor transparencia en la ejecución de programas dirigidos a la población más vulnerable.
Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra los presuntos implicados, aunque varias unidades investigadoras han comenzado a recopilar pruebas documentales y testimonios clave. Se espera que, con el avance de las pesquisas, se esclarezca el destino de los recursos y se establezcan responsabilidades individuales y administrativas.
Este nuevo escándalo de corrupción pone en tela de juicio la eficacia de los programas sociales y la voluntad política para combatir el desvío de recursos públicos. A medida que surgen más detalles, crece la presión para que las autoridades actúen con contundencia y aseguren que el dinero del Estado cumpla su función de servir al pueblo, y no a intereses particulares.
