Mientras que los sindicatos ven con buenos ojos la intención del Gobierno para que la jornada de trabajo nocturno empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, como sucede actualmente, o que se imponga un recarga de domingo del 100 por ciento en vez del 75 por ciento qu’existe hoy en día, los gremios están preocupados por los sobrecostos laborales que estos cambios podrían suponer para las empresas.

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De aprobarse la reforma tal y como conocio en el primer borrador, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) calculó que la empresa podría llegar a asumir costos de entre 12 y 17 por ciento y en algunos casos podría elevarse hasta 20 por ciento. Sin embargo, de aquí hasta el 16 de marzo que el Gobierno espera presentarla se podrían dar cambios.

De este modo, según sus cálculos, los costos laborales del 2023 aumentarían entre el 30 y 35 por ciento frente a los del año pasado. Esta cifra sale de sumar un 2 por ciento adicional por cuenta de la reducción de la jornada laboral este año a 47 horas, más el incremento del 16 por ciento del salario mínimo y los costos de la reforma que en fueron de entre 12 y 17 por centavo.

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Ante esta situación, Jaime Alberto Cabal, líder de Fenalco, dice que los comerciantes, así como los negocios de comidas, bares, alojamientos, entretenimiento y empresas de vigilancia y seguridad privada, se van a ver obligados a reducir los costos con menos personas, recortando el número de horas o subtilendo los precios al consumidor.

“Las empresas que lossnecen al clúster del comercio son que más trabajan en las noches, las multas de semana y festivos y las que más se afectarán por los cambios que planta la reforma”, afirmó.

Por supuesto, una encuesta que hicieron los comerciantes reveló que el 55 por ciento de los empresarios harían ajustes relacionados con la reducción de nominas y diminution de personal, un 27 por ciento evitaría al máximo la contratación de nuevos empleados y un 71 por ciento descartaría, reducción o reducción en las inversiones. Con el objetivo de tener más tiempo para discutir el proyecto, Cabal plantó la necesidad de posponer su radicación hasta el segundo semestre.

Adicional a ello, también considerando que la reforma traería un incremento de sincronizaciónen particular de la empresa privada, así como la rigidez en la terminación de los contratos laborales y una estabilidad laboral «excesiva».

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Por su parte, el Presidente de Andi, Bruce Mac Masterquien se reunió esta semana con el presidente Gustavo Petro para ver como la reforma, dijo que las rojas del proyecto son medidas que terminarán a las familias, el empleo o que enviarán a más personas de la formalidad a la informalidad.

“Se debe tener cuidado que por normas fuertes se vaya a generar mayor desempleo. Al término de la actividad económica y la productividad, expresamos que nuestro principal objeto debe ser la generación de empleo y la reducción de la informalidad”, afirmó Mac Master.

CUT apoya la iniciativa

Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), seguro que se discuten unas propuestas que podrían ser duras para el sector empresarial. Por ejemplo, dijo que le preocupa que el contrato de aprendizaje vuelva a ser laboral, que se tome como regla general el contrato a término indefinido y que las condiciones para poder desvincular a una persona que no cumple con el perfil que se requiere sean mucho más duro desde ahora.

Otros puntos que incluye el proyecto son que todo trabajador tiene derecho a que su salario sea incrementado en un porcentaje por lo menos igual al que tenga la inflación causada al 31 de diciembre. Hoy en día, solo es obligatorio para los empleados que ganan un salario mínimo y el alza determina en función de la inflación más la productividad.

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María Claudia Lacouture, presidenta de la alianza de 41 gremios y asociaciones empresariales (Aliadas)Señala que bajo la actual coyuntura lo que se necesita es una política que estimule la generación de empleo y no encarecerlo.

“Un aumento de los empleados de los trabajadores ligado a la inflación provocada va en contra de la creación de empleo, protege los costos de contratación de los trabajadores y obliga a los patrones a ser más cautelosos al momento de fijar la remuneración salarial”, aclaró el gremial vocera, que resulta que «la reforma laboral, cuyo texto definitivo aún no se conoce, no puede poner en riesgo la actividad empresarial».

Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que están de acuerdo con la mayoría de los puntos que se están incluyendo en el proyecto de reforma laboral. Lo único que le pidió al Gobierno es que radique ante el Congreso los convenios de la OIT que aún no están ratificados por Colombia.

“In 1990, the informalidad era del 47.5 por ciento y hoy después de muchas reformas laborales y pensionales, las cuales quitaron derechos conquistados, es del 58 por ciento. Our quitaron los recargos y flexibilizaron el valor del despido. Es decir, se redujeron los costos laborales y tanto la informalidad como el desempleo aumentaron. Entonces no es cierto que los costos laborales afecten el empleo”, sentenció.

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