El 17 de junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en plena sesión aprobó, con mayoría de votos, avanzar con los términos para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). No obstante, esta resolución generó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien alertó sobre supuestos peligros de inestabilidad electoral debido a lo que calificó como la posible repetición de prácticas controvertidas del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación de dos a uno, se aprobó el inicio del proceso de licitación del TREP, lo que generó fuertes críticas de grupos asociados al bipartidismo. Un dirigente afirmó que Ochoa aparentaba estar preocupado por su permanencia en el organismo electoral y lo señaló de llevar a cabo acciones en Sudamérica con el presunto objetivo de beneficiar a ciertas compañías.
Este clima de tensión se agudiza debido a las acusaciones de Ochoa sobre un posible vínculo entre el bipartidismo y proveedores del sistema electoral con antecedentes polémicos. Ochoa sostuvo que se pretendía asignar el TREP a una empresa bajo un nombre distinto, la misma que operó en procesos previos, según su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El asesor señaló la posible reaparición de un sistema semejante al implementado en 2017, cuando varios procesos electorales fueron criticados por su falta de transparencia. Ochoa afirmó que hay un riesgo de que con diferentes nombres se utilice la misma compañía nuevamente, poniendo en duda las estructuras detrás de la adjudicación. Destacó que este enfoque forma parte de un patrón histórico que intenta preservar el control del TREP en manos de los dos principales partidos políticos.
Perspectivas: antiguos asesores y figuras políticas
Germán Lobo, antiguo integrante del CNE, indicó que las críticas de Ochoa aparecen cuando no se aceptan sus sugerencias. Lobo lo señaló por tener fines personales y por utilizar una retórica parcial en contra del bipartidismo solo en ausencia de apoyo. Declaró que Ochoa trató de incorporar pautas técnicas concretas para beneficiar a ciertos individuos.
Otros antiguos funcionarios mencionaron que el Consejo tomó una decisión legal y conjunta al aprobar el pliego, señalando que el siguiente paso es el análisis técnico tras esta aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no se limita a acusaciones políticas, también incluye matices legales. Un factor importante es la interpretación de normas electorales relacionadas con la transmisión de datos y actas. Ochoa insistió en que la legislación exige transparencia total mediante una interconexión directa con partidos y observadores, pero análisis independientes han explicado que el mandato legal se limita al nivel presidencial y a plazos específicos, como lo define el artículo 278 de la Ley Electoral.
De acuerdo con los especialistas, las regulaciones indican que las actas presidenciales deben enviarse al mismo tiempo tanto al CNE como a los partidos. Sin embargo, el artículo 279 no requiere que se haga lo mismo con todas las actas ni que esta obligación se extienda a otros niveles más allá del presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La presidenta del CNE subrayó que este sistema no será un modelo automático sin revisión humana, evitando escenarios comparables a otros países donde la transmisión se realiza exclusivamente por computadora. Defendió que la normativa distingue claramente entre escrutinio, transmitido en sitio de votación, y verificación a cargo del CNE, sin eliminar controles humanos.
Desde diversas facciones se expresaron dos opiniones: una celebró la aprobación argumentando que disminuye las posibilidades de manipulación, mientras que la otra culpó al asesor de Libre de intentar imponer sistemas autoritarios parecidos a los de Venezuela.
Posibles consecuencias y procesos judiciales
La imputación contra Ochoa ha creado un panorama de inseguridad. A un lado, se presenta la probabilidad de objeciones judiciales al proceso de adjudicación del TREP. En cortes o en procesos de evaluación, podrían plantearse irregularidades técnicas o parcialidad, si se verifica que una compañía con antecedentes dudosos está involucrada de nuevo.
Además, el conflicto político podría minar la confianza en los resultados iniciales, impactando la legitimidad del proceso electoral que concluirá en noviembre. La tensión proviene tanto de sectores que demandan más transparencia como de grupos que sostienen la institucionalidad conjunta del CNE.
Retos para la institucionalidad en el ámbito electoral
El caso refleja los desafíos que enfrenta el CNE. Es cada vez más evidente la necesidad de reforzar los mecanismos técnicos, legales y políticos asociados al TREP. Reclamos como los de Ochoa pueden ser constructivos si fomentan revisiones obsesivas, pero también pueden ser utilizados como herramientas de desgaste político.
Para garantizar credibilidad, son fundamentales:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
