A Gustavo Petro le entusiasmó la llegada al poder de Pedro Castillo en Perú. Su historia bien podría ser un cuento de Julio Ramón Ribeyro: un profesor de primaria, hijo de unos agricultores esclavizados que el general Juan Velasco Alvarado liberó y que se crió en un pueblo de los Andes a más de 4.000 metros de altura, comienza a dar mítines en plazas de lugares remotos y poco a poco va generando un enardecimiento a su alrededor que lo catapulta a la Casa de Pizarro, la residencia presidencial peruana. Se sienta en un despacho con un escritorio de caoba y bustos de héroes nacionales a su alrededor, aunque se siente incómodo y extraño. Echa de menos ordeñar las vacas y alimentar con maíz a las gallinas. Trata de gobernar, pero todas sus propuestas chocan contra el Congreso. Ni siquiera le aprueban viajar al extranjero. Poco a poco se va envenenando con la idea de que los poderes fácticos le ponen la zancadilla a un hombre humilde como él. Llega el día en que entra en erupción. En una alocución televisiva declara un estado de excepción y ordena disolver la cámara. Se trata de un suicidio político porque no le apoyan los militares, ni los empresarios, ni la gente. Está solo. En las siguientes horas lo detienen y lo encarcelan, y allí está ahora encerrado, en un penal al que su hermano le lleva bolsas de comida para que cocine en un pequeño hornillo.

El presidente de Colombia se solidarizó con él y llegó a exculparlo, a pesar de que era claro que había dado un autogolpe de Estado. A Castillo le sustituyó su vicepresidenta, a la que Petro considera una usurpadora del poder. En el Palacio de Nariño recibió al abogado argentino de Castillo y le dijo que le apoyaba. El argumento de Petro es que el profesor fue elegido por el pueblo y que tenía ese mandato que ahora le ha sido hurtado. No le da mucha importancia a que fuese un presidente peruano errático, absolutamente incapaz. Le habían votado y tenía derecho a mandar. Ese choque con el Congreso le enloqueció y lo llevó a tomar una medida desesperada. Castillo ni siquiera tenía nociones de la institucionalidad ni el funcionamiento democrático, de acuerdo al testimonio de gente que estuvo en su gabinete. Petro tiene otra talla política, eso es indudable. Ha respetado siempre el funcionamiento de las instituciones. Pero hay algo que le empata con Castillo: una oposición frontal con el Congreso. El presidente tuvo al principio unas mayorías a las que llegó gracias a negociaciones. Sin embargo, se fueron diluyendo y hoy la guerra con el legislativo es total. Petro, al que no le disgustan las referencias bíblicas, hizo el jueves acusaciones contra los congresistas como las que hizo Jesús con los fariseos.

La reforma a la salud, que se hundió el miércoles, ha destapado todos los demonios. Petro, dolido por la caída de la iniciativa más importante de su Gobierno, denunció que los senadores que votaron en contra del proyecto habían recibido dinero de la Keralty, una multinacional dueña de la EPS Sanitas, recién intervenida por la Superintendencia de Salud. “Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos”, escribió el mandatario en X. Y añadió: ”Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.

Los senadores José Alfredo Marín, Alirio Barrera, Norma Hurtados, Miguel Pinto Hernández, Lorena Ríos Cuéllar, Honorio Enríquez, Berenica Bedoya y Nadia Blel Scaff, el 12 de marzo.Comisión Séptima del Senado

Las duras palabras de Petro generaron una reacción inmediata del presidente del Congreso, Iván Name. En un comunicado público, defendió a los senadores y le pidió respeto al presidente. “Es inadmisible la afirmación del señor Presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas”. Name, además, dijo que las declaraciones de Petro eran “injuriosas y calumniosas”, y atentaban contra la dignidad de los parlamentarios. Le recordó a Petro que los mismos congresistas de la Comisión Séptima que hundieron la reforma a la salud habían aprobado hace unos meses la reforma pensional. El senador hizo una advertencia final: “Seguir subiendo el tono en contra de nuestros congresistas y la institución del Congreso de la República solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público”.

Un abogado y profesor de la Universidad de los Andes como Ramiro Bejarano ha llegado a decir que, por el bien de la democracia, el Senado no puede aceptar la “gravísima” acusación de Petro. “Un Senado digno debería negarse a liberar y legislar mientras Petro no se retracte”. Eso sería llevar las cosas a un siguiente nivel de conflictividad. El presidente no se ha quedado de brazos cruzados y mientras naufragaba su reforma intervino las dos EPS más grandes del país, las promotoras de salud -intermediarias entre el Estado y los hospitales- con las que quiere acabar a toda costa. Considera que son un negocio, que parte del dinero que debería ser invertido en sanidad acaba en manos de empresarios. Estas compañías, y a esto se ha agarrado Petro, no cuentan con fondos suficientes para fungir de aseguradoras. Name también fue muy duro con esta política de Petro de llevar adelante su reforma por la vía de los hechos. “Lamento profundamente la intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS, tienen un amplio prestigio entre los colombianos y una cobertura superior a los 15 millones de usuarios. Revisaremos minuciosamente las causas que generaron la toma de estas determinaciones”, dijo el presidente del Senado en una breve alocución.

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La pelea entre Petro y Name ha tenido varios capítulos previos y se remonta al día de la elección de Name como presidente del senado. De los cuatro candidatos del partido Alianza Verde al cargo más importante del poder legislativo, Name era es más lejano ideológicamente al Gobierno, el que representa la política más tradicional y clientelista y el que se ha opuesto con más vehemencia a las reformas del Ejecutivo. De hecho, esa noche Name fue elegido con los votos de todos los partidos de la oposición, incluidos el Centro Democrático y Cambio Radical, por encima de Angélica Lozano, que tenía el apoyo de Petro.

Desde ese momento hasta hoy, Name ha insistido en que las reformas del presidente no van a salir del Congreso tal como entraron. Hace unas semanas, después de que se conociera la propuesta de Petro de hacer una asamblea Constituyente, Name dijo durante la plenaria del Senado que era un “amenaza a la democracia y al Congreso”. Esa vez retó al presidente Petro a que usara las instituciones para tramitar la Constituyente, y no los cabildos y los comités populares. “Presidente, traiga aquí la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia”, dijo en tono amenazante. Y concluyó su intervención con una advertencia: “Las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno; por si acaso están pensando en el ruido de los sables”.

Horas después de la intervención, el presidente le respondió en un discurso desde Montería: “El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante y jefe. Las armas de la nación nunca van a apuntar al pueblo, tampoco al Congreso”. Ese fue un Petro más conciliador, pero eso sí, dejando claro que él es quien manda, que él es el comandante en jefe y por eso lleva estos días esa gorra militar de la Presidencia que tantas especulaciones ha levantado. Su confrontación con el Congreso no ha hecho más que empezar. El choque se prevé tremendo.

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