La presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció en cadena nacional un ambicioso “megaplan” que incluye al menos 14 medidas destinadas a enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta al país. Este plan, elaborado en conjunto con el Consejo de Defensa y Seguridad que preside Castro, busca implementar “acciones radicales del plan para resolver la delincuencia”.
Durante su intervención, la mandataria hizo un llamado a todos los operadores de justicia a “planificar y ejecutar de manera inmediata las intervenciones en los municipios con mayor incidencia delictiva”. Entre los delitos a atender figuran el sicariato, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, la asociación ilícita y el lavado de activos, actividades que, según Castro, son perpetradas por “maras, pandillas y grupos del crimen organizado”.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se ordenó la captura inmediata de los líderes e integrantes de estas estructuras criminales. Con esta medida se busca desmantelar las organizaciones que han sembrado el miedo en muchas comunidades hondureñas.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la construcción inmediata de un Centro de Detención de Emergencia (CRE) en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Este nuevo centro, que tendrá capacidad para 20.000 personas, será utilizado para trasladar a reclusos de otros centros que hayan sido procesados por los delitos antes mencionados. Además, se prevé la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, en el mar Caribe hondureño, con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario del país.
Para implementar estas medidas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que se requerirán reformas al Código Penal, en las que se propondrá tipificar como “terroristas” a los integrantes de maras y pandillas que cometan delitos graves. Estas reformas también incluirán mayores penas para quienes atenten contra la vida e integridad de los operadores de seguridad y justicia.
Redondo también mencionó que el Congreso discutirá leyes para regular la venta de tarjetas SIM de teléfonos celulares y reformará la ley del Banco Central. Estas acciones están encaminadas a controlar las transacciones electrónicas que muchas veces son utilizadas en actividades delictivas como la extorsión.
Otra de las medidas contempladas es la implementación de brazaletes electrónicos y otros dispositivos técnicos para la supervisión de los imputados en libertad condicional. Esta estrategia busca mejorar el seguimiento y control de las personas en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
Pese a la magnitud de estas medidas, no ha habido pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos o ambientalistas sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La falta de comentarios podría reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cabe recordar que en noviembre de 2022, la presidenta Castro ya había declarado una emergencia de seguridad nacional, iniciando lo que llamó una “guerra contra la extorsión”. Esta declaración se produjo en un contexto de crisis de seguridad, marcada por hechos trágicos como la revuelta carcelaria que dejó 46 mujeres muertas.
El nuevo “mega plan” representa un esfuerzo significativo del gobierno hondureño para enfrentar la creciente violencia y criminalidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de estas medidas y de la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que requiere no sólo una acción decidida, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia en el país.