Elma Saiz precisa que la Seguridad Social solo retribuirá la mitad del permiso parental | Economía

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho este lunes que su departamento está diseñando cómo remunerar “al menos cuatro semanas” de las ocho semanas que configuran el recientemente creado permiso parental de cuidados. De esta manera, el sistema solo retribuiría la mitad de dicho permiso, con lo que el Ejecutivo ya daría cumplimiento a la Directiva europea sobre conciliación —que apunta a que se produzca esta retribución antes de agosto de este año— y al acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, que recoge exactamente ese compromiso (costear como mínimo las citadas cuatro semanas, sin perjuicio de mejoras que se puedan adoptar en el sector público).

No obstante, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, Saiz no ha precisado en qué futura norma incluirá esta retribución ni cuándo podría entrar en vigor. Sí ha reiterado, sin embargo, el compromiso del Ejecutivo para ampliar a 20 semanas los permisos de maternidad y paternidad, pero tampoco ha concretado cuándo se aprobará dicha extensión.

Hasta ahora, desde el Ejecutivo no se había detallado del todo si esa remuneración parcial del permiso parental correspondería al Estado o a las propias empresas. De hecho, fuentes jurídicas han asegurado que, para cumplir con la directiva europea de conciliación, no hacía falta retribuir este nuevo permiso sino que hubiera bastado con la aprobación de la posibilidad de acumular el permiso de lactancia (ya retribuido), tal y como intentó aprobar el Gobierno sin éxito, porque incluyó esta medida en el Real Decreto de reforma del subsidio de paro que tumbaron la oposición y Podemos.

En dicha comparecencia, Saiz ha avanzado otras cuestiones como el hecho de que, tras los primeros meses de la obligatoriedad de cotizar por los estudiantes en prácticas formativas —vigente desde el pasado 1 de enero— ya se han registrado más de medio millón de alumnos en el sistema. Asimismo, ha indicado que su departamento está “finalizando la tramitación administrativa (ya ha sido enviada al Consejo de Estado) de la regulación que permitirá rescatar, a través de un convenio especial, los periodos no cotizados, algo que afectará también a los periodos de investigación”.

Dentro de las actuaciones de la Seguridad Social para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo, Saiz ha recordado que el Gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo con empresarios y sindicatos “para realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, con el objetivo de lograr una recuperación más ágil y en mejores condiciones de los trabajadores en determinados procesos de incapacidad temporal”.

Próxima reforma de las mutuas

Aunque no ha detallado los términos de ese acuerdo, sí ha anunciado que su departamento pretende “ir más allá” y acometer “una reforma integral” de estas mutuas —que ya gestionan el 100% de los procesos de bajas de los trabajadores por accidente de trabajo o enfermedad profesional y cerca del 80% de las bajas producidas por contingencias comunes—. Así, ha apuntado que su intención es cambiar “desde su estructura, pasando por su régimen económico-financiero y de impulso a la colaboración con entidades públicas y privadas”. Para ello, la Seguridad Social encomendará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (Airef) un informe del que partirá dicha reforma.

En lo que se refiere a la próxima reforma de la jubilación parcial, que el Gobierno negocia ahora con empresarios y sindicatos (que este mismo lunes han rechazado la primera propuesta esquemática de la Seguridad Social al respecto), Saiz ha señalado que los cambios futuros garantizarán “un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema”.

También se ha referido a otra de las cuestiones incluidas en la actual mesa de negociación en materia de pensiones: la búsqueda de indicadores objetivos que permitan anticipar la edad de jubilación, sin penalización, teniendo en cuenta factores como la incidencia, la persistencia y la duración de los procesos de baja laboral. En este punto, la ministra ha insistido en que esta posibilidad “debe suponer siempre el último recurso, aplicable solo en aquellos supuestos donde no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo”.

Finalmente, la ministra se ha referido a otras cuestiones que el actual Gobierno pondrá encima de la mesa para cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo y que podrían no estar exentas de polémica. En concreto, ha hablado del mandato de hacer “una reforma integral y gradual de la pensión de viudedad”. En ese punto, el Ejecutivo pretende, por un lado, “garantizar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años cuya pensión suponga su principal fuente de ingresos”, lo que podría apuntar a futuras nuevas incompatibilidades de esta prestación; y por otro lado, el Ejecutivo estudia “la posible utilización de los años de cotización del causante (cónyuge fallecido) para el cálculo de la pensión de la viuda”.

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