El jefe del Ejecutivo español ha informado sobre la puesta en marcha del Observatorio de Derechos Digitales, un proyecto orientado a asegurar que las libertades y derechos establecidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se respeten en el ámbito digital. En el evento de lanzamiento, el líder destacó la urgencia de impedir que el entorno digital se transforme en un «salvaje Oeste» y remarcó la relevancia de actuar con anticipación para salvaguardar los derechos digitales.
El presidente del Gobierno español ha anunciado la creación del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa destinada a garantizar que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apliquen también en el entorno digital. Durante el acto de presentación, el mandatario enfatizó la necesidad de evitar que el espacio digital se convierta en un «salvaje Oeste» y subrayó la importancia de ser proactivos en la protección de los derechos digitales.
El Observatorio de Derechos Digitales tiene el propósito fundamental de supervisar la ejecución de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021. Este marco busca garantizar que pilares esenciales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet y la equidad sean resguardados en la era digital con la misma efectividad que en el entorno físico. El Ejecutivo considera que los derechos digitales son una extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, ajustándolos a los retos tecnológicos actuales para consolidar la democracia en el proceso de transformación digital.
Acciones Sugeridas
El presidente resaltó tres acciones fundamentales para reforzar la defensa de los derechos digitales:
- Supresión del anonimato en redes sociales: Afirmó que el anonimato no debería ser un pretexto para la impunidad, siendo indispensable identificar a los usuarios para que respondan por sus acciones en línea.
- Claridad de los algoritmos: Se pretende garantizar que las plataformas digitales sean claras en el funcionamiento de sus algoritmos, asegurando el respeto a los derechos de los usuarios y evitando sesgos o manipulaciones.
- Responsabilidad de los directivos tecnológicos: Propuso que los altos directivos de las empresas tecnológicas asuman responsabilidades legales por las acciones de sus plataformas, comparando esta responsabilidad con la de un propietario de restaurante en relación a la comida que ofrece a sus clientes.
Antecedentes y Justificación
El mandatario indicó que los delitos digitales representan hoy una quinta parte de todos los crímenes en España y que han crecido un 32% durante el último año. Asimismo, mencionó que un tercio de los perfiles en redes sociales son bots, los cuales producen casi la mitad del tráfico en internet. Resaltó que la viralidad frecuentemente supera a la verdad, atribuyendo esta coyuntura a estrategias elaboradas por potencias extranjeras y actores internos que intentan debilitar las instituciones democráticas.
Críticas a la «Tecnocracia»
El presidente arremetió contra un grupo selecto de magnates tecnológicos que, a su juicio, pretenden adquirir poder político y influir en la vida cotidiana de la gente, guiados principalmente por intereses económicos. Instó a la sociedad a oponerse a quienes impulsan la desregulación tecnológica y defendió una digitalización que respete los derechos humanos, convirtiendo el entorno digital en un bien público para los ciudadanos.
Colaboración y Recursos
El Observatorio incluirá la colaboración de 170 entidades tanto públicas como privadas, además de 260 expertos. El proyecto de Derechos Digitales cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante los Fondos Next Generation EU. El 80% de esta financiación es proporcionada por Red.es, una entidad pública vinculada al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que el 20% restante lo aportan las entidades participantes.
El Observatorio contará con la participación de 170 entidades públicas y privadas, así como 260 especialistas. El programa de Derechos Digitales dispone de un presupuesto de 10,83 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. El 80% de esta financiación proviene de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que el 20% restante es aportado por las entidades participantes.
Testimonios y Problemáticas Abordadas
Durante la presentación, se compartieron testimonios de personas que han visto vulnerados sus derechos en el entorno digital. Se abordaron problemáticas como el ciberacoso, las estafas digitales y el racismo en línea. Estos relatos ilustraron la necesidad de crear espacios digitales seguros y de implementar medidas que protejan a los usuarios de prácticas dañinas en internet.